Nueva Economía Institucional (NEI), Instituciones y Desempeño Económico

¿Ineficiencia Institucional = Atraso Económico?

¿Puede representar la existencia de instituciones públicas y privadas corruptas un atraso para nuestro crecimiento? La respuesta puede parecer obvia, pero en la realidad es poco el peso que se le da a las instituciones ineficientes como factor de atraso económico y de impedimento para nuestro desarrollo. La corrupción muchas veces parece ser un fenómeno inherente a nuestra cultura; pero en general, los actos de corrupción que afectan a la mayoría de nuestra población son realizados por una cúpula de poder minoritaria. El uso corrupto del poder político en Nicaragua es un fenómeno de pobre institucionalidad que distorsiona la asignación eficiente de los bienes estatales, reduce el buen funcionamiento de la economía y perpetúa la existencia de instituciones ineficientes. Existen muchos casos de corrupción y clientelismo político conocidos por la población a través de los medios de comunicación. Estos van desde las piñatas ilegales en el periodo sandinista y las compras ilegales de grandes mansiones por parte de los funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán; hasta la quiebra de importantes bancos estatales, la emisión ilegitima de Bonos Bancarios y la pobre rendición de cuentas de los petrodólares de Venezuela.
El intercambio económico solamente es posible mediante la intervención estatal; ya sea esta intervención leve o fuerte, es siempre necesaria. Por eso es correcto afirmar que “el estado es el único agente capaz de cumplir este objetivo [facilitar el intercambio], porque fija y hace cumplir las reglas fundamentales que coordinan el intercambio, gracias a su poder de coerción.” Teniendo esto en cuenta, es más fácil entender como un estado corrupto reduce el buen funcionamiento de la economía; porque un estado corrupto no representa una fuente de resolución de conflictos, sino un conflicto más que lesiona la eficiencia del intercambio. Por consiguiente, el uso ilegitimo del poder por parte de los funcionarios públicos perjudica el desempeño económico y el desarrollo humano del país porque propicia la existencia de organizaciones e instituciones que elevan los costos de transacción y presentan pocos incentivos para el intercambio.

Corrupción Política


La corrupción se puede estudiar como un problema de información incompleta que atenta contra el beneficio colectivo; porque produce casos oportunistas de agencia y principal. Así lo expresa la Nueva Economía Institucional (NEI) “Los agentes, destacadamente los políticos y burócratas, pueden establecer compromisos no creíbles, generando un problema de agencia. Sus consecuencias serán muy negativas para el desempeño económico.” En general, se puede decir que el estado políticamente corrupto actúa como una agencia ineficiente que despilfarra ilegalmente y de forma clandestina los bienes del principal (la población). Este abuso del poder público para el beneficio particular es demostrado en los grandes gastos por cuenta corriente en el presupuesto de la república y en la malversación de fondos de forma clandestina que forman parte de la manipulación de este presupuesto.
Es claro que las consecuencias de este despilfarro son amplias y graves; y quien las sufre con más intensidad son los segmentos más pobres de la población. La corrupción política, como problema de las instituciones estatales, perjudica la ética social porque legitima tácitamente las formas ilegales de enriquecimiento político cuando los funcionarios públicos salen impunes en los casos de corrupción. Esto genera incertidumbre, incrementando en general los costos de transacción, debido a que la población y la empresa privada pierden confianza en la calidad de la gestión estatal.
En el contexto actual “es una costumbre social que, en casi todos los campos de la economía y en la política, se concedan y se reciban favores; y con ello no siempre se violan las fronteras de las leyes, o simplemente no se pueden encontrar las pruebas para cada caso especifico.” No sólo en instituciones políticas de gobierno se ven casos de corrupción, sino también en instituciones públicas de orden cívico como la Policía Nacional. En esta institución se dan a conocer cada año múltiples casos de policías involucrados con el crimen organizado; además de las escenas cotidianas de coimas recibidas por agentes de tránsito vial. Además, los casos públicos de corrupción distorsionan la percepción general de los derechos de propiedad; porque los agentes económicos interactúan en un ambiente donde la parte obligada (El Estado) de hacer cumplir estos derechos no los cumple. Esto debilita el poder de los contratos y crea así más incertidumbre y desconfianza. Este debilitamiento en el sistema o mecanismo de intercambio crea a largo plazo organizaciones económicas y sociales ineficientes, o sea, con elevados costos de transacción.
Estas formas de organización económica con elevados costos de transacción son a su vez un obstáculo para el desarrollo; porque en un mundo globalizado con mercados abiertos, este tipo de organizaciones no podrán competir con las organizaciones de países más desarrollados institucionalmente.

Desempeño Económico


El núcleo de la economía capitalista, la empresa privada, altera también sus actividades al enfrentarse a un ambiente de corrupción política. Este ambiente corrupto “puede llegar a ahogar el desarrollo económico, al desincentivar la participación de los empresarios honestos y aumentar el costo de hacer negocios.” Esto se explica porque en general sólo aquellos empresarios que prestan sobornos a los cargos públicos son los que obtienen rápidas ganancias. Estas prácticas ilegales representan una forma de competencia desleal y reducen futuras inversiones privadas tanto de nacionales como de extranjeros. También representan mayores costos monetarios para aquellas empresas que se prestan a la corrupción; lo que a la larga disminuye la competitividad de la empresa privada nacional. Según el reporte del Banco Mundial “Doing Business”, Nicaragua ocupa el puesto #117 entre 183 economías. Este mismo reporte afirma que el número de procedimientos para abrir un negocio en el país es de 6, y el número de días es de 39. La NEI establece que “Los empresarios no tienen incentivos para fijar buenas instituciones que disminuyan el margen de evasión fiscal.” Esto es fácil de entender cuando se conoce que la empresa privada es maximizadora de beneficios individuales y para ella el pago de impuestos es otro costo más por minimizar.
En Nicaragua la evasión fiscal es un problema serio en el cual son responsables desde los medianos comerciantes que pagan únicamente una cuota fija en el mercado oriental hasta las grandes multinacionales que no pagan impuestos por ser presuntamente sociedades sin fines de lucro o turísticas. Tanto en el sector público como en el sector privado se trata de ocultar los actos de corrupción cometidos por altos funcionarios del gobierno y líderes de la empresa privada; impidiendo la publicación de estos mismos en los medios de comunicación. Esto no hace más que generar bases más solidas para sostener la cultura de corrupción que se percibe en la sociedad.
La ineficiencia y quiebra de bancos estatales fue un problema financiero y económico que se debió primordialmente al uso ilegítimo del poder público. Un ejemplo claro es la quiebra del ex Banco Nacional de Desarrollo (BANADES). El Banco Nacional de Desarrollo cesó de operar oficialmente el 15 de diciembre de 1998. Esta quiebra fue el resultado de préstamos obtenidos mediante favoritismo político, los cuales no fueron honrados o fueron pagados parcialmente. La pérdida de este banco estatal representa un gran atraso institucional, una limitación para el desempeño económico y un agravio para las actuales necesidades de crédito del sector agrícola. Esta quiebra fue una sima de la pobre institucionalidad nicaragüense en el período de Alemán y “refleja incompetencia, falta de experiencia en la interacción de la teoría financiera con la realidad, insensibilidad, desinterés total por la opinión publica y una enorme arrogancia.” Por su parte, el actual banco PRODUZCAMOS de la administración del presidente Ortega, además de estar limitado por la poca disponibilidad de recursos, se encuentra peligrosamente vulnerable a la centralización del gobierno actual.
Otro acto de corrupción estatal, reciente, es la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis). Este es otro caso público de corrupción en donde funcionarios públicos permitieron y fueron parte en la emisión de bonos de inversión con altas tasas de rendimientos, presuntamente para salvar al sector financiero después de la crisis bancaria del 2000-2001. Según el profesor en derecho de la UCA Manuel Aráuz Ulloa “Algunos consideran que como los títulos se emitieron para cubrir los “efectos” de uno o varios delitos cometidos sobre algunas instituciones bancarias, sin que existiera obligación por parte del Estado para respaldar las deudas de un banco privado, entonces se ha violentado la ley, y con ella se ha cometido delito.” En este acto de corrupción se ven involucrados funcionarios de distintos grupos políticos que generaron desconfianza no sólo en el sistema privado de bancos sino en el banco central como emisor de los Certificados Negociables de Inversión.

Instituciones Ineficientes


La corrupción corroe la institucionalidad y el estado de derecho en su conjunto; promoviendo instituciones estatales que únicamente contribuyen al rápido e ilegitimo enriquecimiento de sus funcionarios. Además, a través del nepotismo, las instituciones estatales y/o privadas carecen cada vez de menos capacidad humana para cumplir con sus funciones. Esto es así porque la asignación de puestos no se realiza con un sistema meritocrático, sino a través de relaciones sanguíneas o de afinidad de algún tipo.
La corrupción gubernamental es protegida por un sistema legal ineficiente. Esto no cambiará si no se cambian las reglas existentes del poder judicial nicaragüense, controlado este por los partidos políticos. Como postula la NEI, “los miembros de los grupos políticos organizados que obtienen ventajas de las reglas existentes no estarán de acuerdo con un cambio legal sin una compensación por las pérdidas atribuibles al cambio legal.” De lo anterior se puede derivar que la solución a la corrupción debe ser una que obligue a los políticos a percibir ventajas del cambio legal; esto es, eliminando la inmunidad política en los casos de corrupción. Otro ejemplo de clientelismo, favoritismo y burocracia política es el soborno. La existencia de sobornos “implica un deterioro del mecanismo institucional porque obliga a los contribuyentes y receptores del servicio a pagar más por el mismo servicio.” Además, las instituciones corruptas generan más burocracia; lo que es en sí una pérdida de eficiencia económica. Como nos indica la Nueva Economía Institucional, “Las instituciones bien diseñadas facilitan la coordinación económica y promueven un mejor desempeño de la economía, de la misma forma, las instituciones ineficientes pueden ayudar a perpetuar el atraso económico.” Esta continuidad de instituciones ineficientes limita los potenciales de desempeño económico de nuestro país porque el gobierno moldea sus decisiones de acuerdo a necesidades personales o del grupo de poder, y no de acuerdo a las necesidades de desarrollo humano de la población nicaragüense. Por lo tanto, es lógico afirmar que en Nicaragua el atraso económico no se debe a falta de dotación de recursos, sino a falta de instituciones que den incentivos para reducir costos de transacción y promover el intercambio efectivo.

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